SANTO DOMINGO.- Un incendio afecta desde la madrugada de este jueves una fábrica de plásticos en el municipio de Haina.
El siniestro se registró en la empresa Katae Group, dedicada a la manufactura y comercialización de productos plásticos para la industria de la alimentación.
Unidades de bomberos y de otros organismos de socorro trabajan en las labores de extinción del incendio, cuyo origen no se ha precisado por las autoridades.
SANTO DOMINGO.- El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), realizó una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un monto total de US$2,750 millones.
Los recursos obtenidos forman parte del plan de financiamiento aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado 2026 y serán destinados conforme a dicho marco legal, respaldando proyectos de inversión pública en infraestructura, transporte, energía, agua, salud y educación, así como el cumplimiento ordenado de las obligaciones del Estado.
De acuerdo con una nota de prensa del MHE, la emisión estuvo estructurada en dos tramos: US$1,250 millones con vencimiento a 8 años y una tasa de 5.750 %, y US$1,500 millones con vencimiento a 12.25 años y una tasa de 6.150 %.
La operación registró una demanda superior a US$7,200 millones, equivalente a aproximadamente 2.6 veces el monto ofertado, a pesar de haberse realizado en un entorno internacional caracterizado por alta volatilidad financiera, tasas de interés elevadas y episodios de incertidumbre en los mercados emergentes, reflejando la alta confianza de inversionistas internacionales en la economía dominicana.
La República Dominicana mantiene uno de los niveles de riesgo país (EMBI) más bajos de su historia reciente. Este indicador, que mide la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales, se ha mantenido consistentemente por debajo del promedio regional, lo que resalta la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos del país, la estabilidad institucional y el manejo prudente de las finanzas públicas.
El Gobierno reitera su compromiso con una política fiscal responsable, transparente y sostenible, orientada a preservar la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento económico e impulsar el bienestar de la población.
“Hemos depositado, ante la Presidencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el recurso de apelación a la decisión emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo”, señaló Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El Ministerio Público solicita que a Medina Sánchez se le imponga, asimismo, la degradación cívica, conforme a lo establecido en el Código Penal para destituir o excluir a los condenados de las funciones, empleos o cargos públicos, así como otras limitaciones de derecho establecidas por el legislador para resguardar el interés de la sociedad.
Para José Dolores Santana Carmona el Ministerio Público solicita que se le impongan 15 años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.
En el caso de Fernando Aquilino Rosa Rosa, absuelto por el Segundo Tribunal Colegiado, solicita que se le impongan diez años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.
También solicita una condena de 10 años, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica para Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del procesado Juan Alexis Medina Sánchez, y para Wacal Vernabel Mendez Pineda.
En cuanto a Carlos Jose Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina, Carlos Martin Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez (Angelo), el Ministerio Público pide la imposición de diez años de reclusión mayor y el pago de una multa de 200 salarios mínimos.
El órgano acusador pide una pena de cinco años de reclusión, y el pago de una multa de 200 salarios mínimos, para Ramón Brea Morel (Jhonny Brea), mientras que, para Lima Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramirez Pacheco y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez busca cinco años de prisión, el pago de una multa de 200 salarios mínimos y la degradación cívica.
Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.
En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.
SANTO DOMINGO.- El Gobierno afirmó que realiza su gestión migratoria dentro de los límites de la Constitución, las leyes nacionales y los estándares internacionales de derechos humanos.
Respondió así a un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se cuestionan las políticas migratorias del Estado dominicano.
La Cancillería destacó en una nota que la situación migratoria debe analizarse desde una dimensión regional. Esto debido a la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que afecta a Haití, lo que ha generado una presión migratoria «sostenida y excepcional» sobre territorio dominicano.
CARGA DESPROPORCIONADA
Las autoridades destacaron que, durante décadas, la República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras. También actuando con solidaridad y responsabilidad humana.
«El Estado dominicano», dijo la Cancillería, «en ejercicio de su soberanía, tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio, facultad que, según indicó, está reconocida por el propio sistema interamericano.
En ese sentido, rechazó el llamado de la CIDH a aplicar de manera general el principio de no devolución a toda persona en condición migratoria irregular, al considerar que esto implicaría una aceptación indiscriminada de migrantes irregulares, sin control ni regulación.
IMPACTO DEL FLUJO MIGRATORIO
El Gobierno advirtió que el flujo migratorio extraordinario tiene un impacto directo sobre la cohesión social y el gasto en servicios públicos. Además, señaló que ningún Estado puede ser obligado a asumir la provisión de servicios de otro país ante el colapso institucional del mismo.
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Trabajo instó a los empresarios a que cumplan con el aumento de un 8 % del salario mínimo de los trabajadores de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas (mipymes), en vigor desde el 1 de febrero de 2026.
El ministro Eddy Olivares recordó que el Comité Nacional de Salarios (CNS) aprobó el año pasado un aumento escalonado de 20 % al salario mínimo devengado por los trabajadores en todas las empresas sin importar su tamaño, medida que beneficia de manera directa a 1.4 millones de trabajadores.
“Este aumento favorecerá directamente a cerca del 60 % del empleo formal en República Dominicana, lo que se enmarca en la política del presidente, Luis Abinader, de dignificar el empleo, reducir brechas sociales y construir un mercado laboral más justo y sostenible”, indicó.
Explicó que se trata de un aumento salarial que fortalece el poder adquisitivo “y combate la pobreza”.
«Iniciándose el 2026, la República Dominicana da un paso firme hacia la mejora de las condiciones de vida de miles de trabajadores con la aplicación total de este aumento del salario mínimo, aprobado en la mesa del diálogo tripartito por el Comité Nacional de Salarios”, afirmó.
Conforme a este ajuste, los trabajadores de las empresas grandes tendrán un salario de 29,988 pesos, para un aumento de 4,998 pesos; los de las medianas devengarán un mínimo de 27,489.60 pesos, un incremento de 4,582 pesos, y los de las microempresas 16,993.20 pesos, 2,832 pesos más.
Olivares aseguró que el aumento salarial mejorará cuánto cubren los sueldos el costo actual de la canasta básica familiar, sobre todo en los hogares más vulnerables.
Indicó que el salario mínimo que pagarán las grandes empresas supera el costo total de la canasta básica del primer quintil de ingresos, para una cobertura de 106.8 %.
La Habana, .- El sistema eléctrico nacional de Cuba (SEN) sufrió este miércoles un nuevo colapso parcial que afecta a cerca de 3,4 millones de personas en cuatro de las provincias orientales de la isla (Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo), confirmó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).
De acuerdo con la compañía, la caída se debió a «un disparo» en una línea de alta tensión de 220 kilovatios (Kv) en la provincia de Holguín. Este hecho, detalló la firma, provocó la salida del sistema de la central termoeléctrica Felton, la mayor generadora del oriente de la isla, así como de otra central y una estación de motores de la misma provincia.
Un disparo es una desconexión automática que se activa cuando una generadora registra valores anómalos en el flujo de la corriente.
Se trata de la segunda caída parcial del SEN en poco más de cuatro meses. El apagón ocurre en un momento de grave crisis energética en Cuba, agravada por el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. que amenaza con empeorar aún más la crítica situación.
CAÍDA DEL SISTEMA POR DISPARO
En poco más de un año, el SEN ha sufrido también cinco colapsos totales. En algunos de ellos, el restablecimiento demoró días en alcanzarse.Sin embargo, la caída de este miércoles, a falta de más detalles, se corresponde más bien con los problemas habituales con la infraestructura eléctrica del país.
De hecho, otro colapso parcial del SEN el pasado octubre también se debió a un disparo.La empresa estatal eléctrica aseguró que la desconexión ocurrió a las 20:54 hora local (0:54 GMT) y que ya se «verifican las causas» del incidente.
La isla atraviesa desde mediados de 2024 una grave crisis energética reflejada en apagones diarios que superan las 20 horas en todas las localidades. A ello se suma actualmente el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. que amenaza con empeorar aún más la crítica situación.
DUBAI.- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó que el desarrollo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, de la que este se ha cumplido un mes, ayudará a toda América Latina.
«Venezuela es un país muy rico, y creo que su desarrollo contribuirá al desarrollo de toda la región», dijo Abinader en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés).
El mandatario dominicano participó en una sesión titulada «Crecimiento y centros globales: un nuevo modelo económico», junto al máximo responsable de Dubai Ports World, Sultan Ahmed bin Sulayem.
periodo de transición
Ante la pregunta sobre cómo ve el futuro de Venezuela en esta nueva fase con relación a su país, dijo esperar que espera que «sea un período de transición» para la democracia.
«Ojalá que esto suceda, y que sea beneficioso no solo para el pueblo venezolano, sino para toda la región», exclamó.
Igualmente, hizo referencia a la decisión de reabrir ayer el comercio entre Venezuela y la República Dominicana, suspendido durante dos años, así como el tráfico aéreo y servicios consulares.
En julio de 2024, Venezuela rompió relaciones con República Dominicana porque el Gobierno de Abinader cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.
Los gobiernos de Panamá y República Dominicana, junto con los de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, habían manifestado entonces su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales, y exigieron la revisión completa de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como «fraudulento».
