Presidente Abinader designa a un nuevo director de la Policía

General Andrés Modesto Cruz Cruz. nuevo director de la PN.

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader  designó a Andrés Modesto Cruz Cruz  director general de la Policía Nacional y lo ascendió al rango de mayor general.

Asimismo, dispuso el retiro «honroso» del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta y designado asesor del presidente de la República en materia policial.

TRAYECTORIA DEL NUEVO DIRECTOR POLICIAL

En documento de prensa la Presidencia informa que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, especialmente en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.

Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional  desde el año 2023. Previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, regional Sur,  Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional y director de Control Interno, entre otras.

FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL

Es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.

Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.

 

Antigua Orden exige haitianos sin documentos salgan de SDE

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SANTO DOMINGO.- La Antigua Orden Dominicana (AOD) realizó una marcha  en el barrio Katanga, de Santo Domingo Este, en la que reclamó justicia por la muerte a puñaladas del adolescente de 14 años Naurel Nizael Medina a manos de haitianos y otorgó un plazo de diez días a esos extranjeros para que abandonen el sector.

Ángelo Vásquez, líder de la organización, advirtió que «si no se van en esos 10 días, iremos casa por casa y los sacaremos».

FAMILIARES EXIGEN RESPUESTAS CLARAS

Por su lado, Víctor Medina, padre del joven asesinado, dijo que su lucha no terminará hasta que los haitianos salgan del país y las autoridades den respuestas claras a la muerte de su hijo, ocurrida el pasado 4 de febrero.

“Que los saquen a todos, que no quede ni uno porque quieren dominar el país de nosotros y nosotros tenemos que defenderlo con sangre”, dijo al iniciar la marcha.

También la hermana del fallecido, Nazaury Medina, pidió a la Policía Nacional, al Ejército de la República y la Dirección General de Migración capturar a los responsables de la muerte de su hermano.

“Si no estuviésemos invadidos por los haitianos, ahora mismo mi hermano estaría vivo”, aseguró.

«TIENEN QUE IRSE»

De su lado, Carmen Delgado, miembro de la AOD, dijo que los haitianos tienen que irse, porque están destruyendo el país.

“Queremos que haya justicia y que los haitianos tengan que empezar a salir de nuestro país”, manifestó, asegurando que en reiteradas ocasiones han pedido a las autoridades migratorias que saquen a los haitianos del país.

La marcha llegó hasta la calle 52, a una esquina de la Gabriel del Orbe, donde residen los familiares de la víctima. Durante el trayecto los participantes enarbolaron banderas dominicanas y pancartas, y vociferaron slogans con mensajes contra la presencia ilegal de haitianos en territorio dominicano.  En ningún momento hubo incidentes.

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Incendio afecta una fábrica de plásticos en municipio de Haina

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SANTO DOMINGO.- Un incendio afecta desde la madrugada de este jueves una fábrica de plásticos en el municipio de Haina.

El siniestro se registró en la empresa Katae Group, dedicada a la manufactura y comercialización de productos plásticos para la industria de la alimentación.

Unidades de bomberos y de otros organismos de socorro trabajan en las labores de extinción del incendio, cuyo origen no se ha precisado por las autoridades.

 

Rep. Dom. completa emisión externa por US$2,750 millones

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SANTO DOMINGO.- El gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda y Economía (MHE), realizó una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un monto total de US$2,750 millones.

Los recursos obtenidos forman parte del plan de financiamiento aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado 2026 y serán destinados conforme a dicho marco legal, respaldando proyectos de inversión pública en infraestructura, transporte, energía, agua, salud y educación, así como el cumplimiento ordenado de las obligaciones del Estado.

De acuerdo con una nota de prensa del MHE, la emisión estuvo estructurada en dos tramos: US$1,250 millones con vencimiento a 8 años y una tasa de 5.750 %, y US$1,500 millones con vencimiento a 12.25 años y una tasa de 6.150 %.

La operación registró una demanda superior a US$7,200 millones, equivalente a aproximadamente 2.6 veces el monto ofertado, a pesar de haberse realizado en un entorno internacional caracterizado por alta volatilidad financiera, tasas de interés elevadas y episodios de incertidumbre en los mercados emergentes, reflejando la alta confianza de inversionistas internacionales en la economía dominicana.

La República Dominicana mantiene uno de los niveles de riesgo país (EMBI) más bajos de su historia reciente. Este indicador, que mide la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales, se ha mantenido consistentemente por debajo del promedio regional, lo que resalta la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos del país, la estabilidad institucional y el manejo prudente de las finanzas públicas.

El Gobierno reitera su compromiso con una política fiscal responsable, transparente y sostenible, orientada a preservar la estabilidad macroeconómica, promover el crecimiento económico e impulsar el bienestar de la población.

 

MP apela sentencia de Alexis Medina, pide 20 años de prisión

Alexis Medina Sánchez en la sala de audiencias.

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Santo Domingo, .- El Ministerio Público depositó este lunes la apelación a la sentencia que sólo impone siete años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y solicitó en cambio, que al procesado por corrupción administrativa se le imponga una condena de 20 años de cárcel y al pago de una multa de 400 salarios mínimos.

La procuradora de Corte, Mirna Ortiz, indicó que con este recurso el órgano acusador reafirma su desacuerdo con las penas impuestas por los jueces del Segundo Tribunal Colegiado, el cual, además, absolvió a varios de los procesados.

“Hemos depositado, ante la Presidencia de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, el recurso de apelación a la decisión emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Claribel Nivar, Giselle Soto y Clara Castillo”, señaló Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

MP PIDE DEGRADACION CIVICA DE MEDINA SANCHEZ

El Ministerio Público solicita que a Medina Sánchez se le imponga, asimismo, la degradación cívica, conforme a lo establecido en el Código Penal para destituir o excluir a los condenados de las funciones, empleos o cargos públicos, así como otras limitaciones de derecho establecidas por el legislador para resguardar el interés de la sociedad.

Para José Dolores Santana Carmona el Ministerio Público solicita que se le impongan 15 años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.

En el caso de Fernando Aquilino Rosa Rosa, absuelto por el Segundo Tribunal Colegiado, solicita que se le impongan diez años de prisión, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica.

PIDE MISMA CONDENA PARA MAGALYS MEDINA SANCHEZ

También solicita una condena de 10 años, una multa de 400 salarios mínimos y la degradación cívica para Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana del procesado Juan Alexis Medina Sánchez, y para Wacal Vernabel Mendez Pineda.

En cuanto a Carlos Jose Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, Paola Mercedes Molina, Carlos Martin Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez (Angelo), el Ministerio Público pide la imposición de diez años de reclusión mayor y el pago de una multa de 200 salarios mínimos.

El órgano acusador pide una pena de cinco años de reclusión, y el pago de una multa de 200 salarios mínimos, para Ramón Brea Morel (Jhonny Brea), mientras que, para Lima Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramirez Pacheco y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez busca cinco años de prisión, el pago de una multa de 200 salarios mínimos y la degradación cívica.

En cuanto a Aquiles Alejandro Christopher Sánchez el Ministerio Público solicita la imposición de dos años de prisión suspendida y la degradación cívica, y a Rafael Antonio Germosén Andújar a la pena de cinco años de prisión suspendida, el pago de una multa de 200 salarios mínimos y la degradación cívica.

OTRAS CONDENAS A IMPUTADOS

El tribunal también condenó a José Dolores Santana Carmona a la pena de 6 años de prisión y a 5 años a Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista y a Paola Mercedes y a Víctor Matías Encarnación.

Los procesados Medina Sánchez, José Dolores Santana Carmona, Wacal Vernabel Méndez Pineda, Paola Mercedes y Rigoberto Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones al Estado dominicano.

En virtud del acuerdo al que arribó con el Ministerio Público, el procesado Víctor Matías Encarnación Montero fue declarado culpable y condenado a 5 años de prisión, disponiendo el tribunal la suspensión de la pena, sujeto a reglas, entre las que se encuentran residir en el domicilio que fue notificado al tribunal. También, fue condenado al pago de las costas penales y al pago de una multa de 500 mil pesos.

 

RD defiende política migratoria y rechaza argumentos de CIDH

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno afirmó que realiza su gestión migratoria dentro de los límites de la Constitución, las leyes nacionales y los estándares internacionales de derechos humanos.

Respondió así a un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se cuestionan las políticas migratorias del Estado dominicano.

La Cancillería destacó en una nota que la situación migratoria debe analizarse desde una dimensión regional. Esto debido a la prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que afecta a Haití, lo que ha generado una presión migratoria «sostenida y excepcional» sobre territorio dominicano.

CARGA DESPROPORCIONADA

Las autoridades destacaron que, durante décadas, la República Dominicana ha asumido una carga desproporcionada frente a una crisis que trasciende sus fronteras. También actuando con solidaridad y responsabilidad humana.

«El Estado dominicano», dijo la Cancillería, «en ejercicio de su soberanía, tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, permanencia y salida de personas en su territorio, facultad que, según indicó, está reconocida por el propio sistema interamericano.

En ese sentido, rechazó el llamado de la CIDH a aplicar de manera general el principio de no devolución a toda persona en condición migratoria irregular, al considerar que esto implicaría una aceptación indiscriminada de migrantes irregulares, sin control ni regulación.

IMPACTO DEL FLUJO MIGRATORIO

El Gobierno advirtió que el flujo migratorio extraordinario tiene un impacto directo sobre la cohesión social y el gasto en servicios públicos. Además, señaló que ningún Estado puede ser obligado a asumir la provisión de servicios de otro país ante el colapso institucional del mismo.

 

Trabajo insta a empresarios a cumplir con el aumento de 8 %

Eddy Olivares

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SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Trabajo instó a los empresarios a que cumplan con el aumento de un 8 % del salario mínimo de los trabajadores de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas (mipymes), en vigor desde el 1 de febrero de 2026.

El ministro Eddy Olivares recordó que el Comité Nacional de Salarios (CNS) aprobó el año pasado un aumento escalonado de 20 % al salario mínimo devengado por los trabajadores en todas las empresas sin importar su tamaño, medida que beneficia de manera directa a 1.4 millones de trabajadores.

“Este aumento favorecerá directamente a cerca del 60 % del empleo formal en República Dominicana, lo que se enmarca en la política del presidente, Luis Abinader, de dignificar el empleo, reducir brechas sociales y construir un mercado laboral más justo y sostenible”, indicó.

Explicó que se trata de un aumento salarial que fortalece el poder adquisitivo “y combate la pobreza”.

«Iniciándose el 2026, la República Dominicana da un paso firme hacia la mejora de las condiciones de vida de miles de trabajadores con la aplicación total de este aumento del salario mínimo, aprobado en la mesa del diálogo tripartito por el Comité Nacional de Salarios”, afirmó.

Conforme a este ajuste, los trabajadores de las empresas grandes tendrán un salario de 29,988 pesos, para un aumento de 4,998 pesos; los de las medianas devengarán un mínimo de 27,489.60 pesos, un incremento de 4,582 pesos, y los de las microempresas 16,993.20 pesos, 2,832 pesos más.

Olivares aseguró que el aumento salarial mejorará cuánto cubren los sueldos el costo actual de la canasta básica familiar, sobre todo en los hogares más vulnerables.

Indicó que el salario mínimo que pagarán las grandes empresas supera el costo total de la canasta básica del primer quintil de ingresos, para una cobertura de 106.8 %.